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Estas fueron palabras de la declaración de Viviana Nardoni, detenida y sobreviviente, actualmente directora del Museo de la Memoria, la primera testigo en declarar en el juicio oral por la causa Guerrieri III. Durante la semana pasada se realizaron dos audiencias en las que también declaró Luis Megías. Además tuvieron lugar las indagatorias a los represores y ex Personal Civil de Inteligencia del Ejército Daniel Amelong y Rodolfo Isach.

Por Carina Toso

Foto principal: APDH

Salimos de la cárcel en plena dictadura y fue una sensación extraña. Uno nunca se libera de las cárceles de la dictadura, solo sale a la calle. No sabía con quién hablar, no podíamos conseguir trabajo porque en el certificado de conducta decía que éramos subversivos. La odisea no termina con esa libertad. La situación que viene después es que uno no sabe por qué es un sobreviviente y no lo mataron. Los demás también se preguntan lo mismo. Los genocidas nos transforman en enemigos porque muchos argentinos creyeron el discurso militar de eliminar al subversivo. Hoy puedo decir que yo soy una militante y es un honor al que no pienso renunciar”. Viviana Nardoni tenía 21 años cuando la secuestraron junto a su pareja. Hoy tiene 63 y una vez más relató cómo en plena dictadura la detuvieron, la llevaron a un centro clandestino de detención, la torturaron, la trasladaron a una cárcel y la liberaron tiempo después.

El juicio oral por la tercera etapa de la causa Guerrieri avanza en los Tribunales Federales de Rosario. La semana pasada comenzaron a dar su testimonio ante el Tribunal Oral Federal N° 1 las víctimas y testigos. Los primeros en declarar ante los jueces fueron Viviana Nardoni y Luis Megías, ambos detenidos y torturados en el Centro Clandestino de Detención (CCD) La Calamita que funcionó en la zona rural de Granadero Baigorria entre 1975 y 1978.

Estuvieron 15 días ahí. Esas dos semanas bastaron para dejarle a Viviana cicatrices de por vida en el alma y en el cuerpo: por los fuertes golpes que recibió, su primer bebé nació muerto y todavía tiene un daño grave en la columna vertebral.

Durante los años que funcionó fueron más de 150 los detenidos que pasaron por La Calamita, uno de los cinco centros clandestinos de detención que formaba parte, durante la última dictadura cívico-militar, del circuito controlado por el Batallón de Inteligencia 121 de Rosario. Está ubicado a quince cuadras hacia el oeste del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Fue el lugar elegido por Pascual Guerrieri, ex agente del Batallón inteligencia 601, como centro de tortura y detención para desarticular la columna norte de Montoneros y detener a militantes del ERP y delegados de fábricas del Cordón Industrial.

Viviana y Luis estaban recién casados. El 3 de julio de 1977 fueron secuestrados en la esquina de Zeballos y Dorrego. Los subieron a un auto y los sacaron de la ciudad hasta dejarlos en la chacra donde funcionó La Calamita. “Nos sacaron del coche bajo amenazas verbales, entramos y nos depositaron sobre unas colchonetas con un elástico abajo, del que nos encadenaron los pies con grilletes y nos ataron las manos. A Luis lo llevaron primero a lo que después supimos era la sala de interrogatorio y tiene su primera sesión de tortura. Cuando lo traen y me llevan a mí. Me sientan en una silla y empiezo a reconocer distintas voces. Una era la del interrogador y las otras estaban por detrás, hacían bromas. Con la primera pregunta que me hacen me largo a reír: ¿Vos sabés donde está Firmenich?, me dicen y me dan un golpe. Gordita acá no estás para joder. Me ponen en la camilla, me siguen golpeando y me picanean”, relató Viviana sobre su primer día en ese lugar.

Durante esa sesión, los torturadores le preguntaron por un matrimonio de abogados de Buenos Aires que creían estaban escondido en la casa donde vivía con Luis. Nunca supo de quienes le hablaban porque nunca les dijeron los nombres. “Del lugar pude reconocer los pisos, azulejos y la ubicación del baño. Percibí que estaba (Rafael) Bielsa porque lo nombraban y lo hacían cantar. Le decían cantate una de esas de subversivos que vos sabés. Supe que él estuvo en el sótano de La Calamita. Cuando Bielsa sale, es quien le avisa a nuestras nuestras familias que nosotros estábamos detenidos en una chacra de Baigorria y que estábamos vivos”.

Una noche entran los represores y escuchan que dicen: “Este es Luisito y esta es la gorda Vivi, ya sabemos qué hacer con ellos”. Iba a ser su última noche en La Calamita, pero no fueron fáciles esas horas: “Se lo llevan a Luis y simulan un fusilamiento en el patio. Después nos suben a un auto, toman lo que hoy es la autopista y unos kilómetros más adelante nos tiran en la banquina. Hasta acá llegamos  dicen, parecía una sentencia de muerte, yo esperaba el tiro en la nuca”.

No pasó mucho tiempo hasta que llegaron unos móviles de la policía, volvieron a hacerles la pregunta sobre los abogados bonaerense y después los llevaron al Servicio de Informaciones de San Lorenzo y Dorrego. Ahí vuelven al tabique y a los interrogatorios. No hubo torturas pero sí amenazas de muerte. “Estuve en la Favela, que es un lugar de tránsito, unos tres días y tras los cuales me bajaron al Sótano. Ahí me sacaron la venda y me pude duchar. Después nos sometieron a una especie de Consejo de Guerra y pasamos a disposición del Poder Ejecutivo, a mí me trasladaron a la cárcel de Devoto. En la navidad del ’78 me anunciaron mi libertad. Uno no se libera nunca de las cárceles de la dictadura, solo sale a la calle. Me llevaron al edificio de Córdoba y Moreno, donde funcionaba el Comando del 2º Cuerpo del Ejército, que hoy es el Museo de la Memoria, del que soy directora. Estábamos las que veníamos de Devoto y un grupo importante de hombres que había sido liberado de Coronda. Estuve en libertad vigilada seis meses. Tenía que ir a firmar al Servicio de Informaciones y al 2° Cuerpo cada dos días”.

Luis estaba preso en Coronda y para las Pascuas del ’79 quedó en libertad.

“Ahora yo soy el malo”

Durante la audiencia realizada el día jueves los diez imputados en ese juicio estuvieron presentes y desfilaron ante los jueces que integran el tribunal, José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría. Fue el momento de las declaraciones indagatorias. Los únicos que afirmaron tener intenciones de declarar fueron Daniel Amelong y Rodolfo Daniel Isach, ambos miembros del Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército durante la última dictadura cívico-militar. El resto, aunque realizó algunos pedidos y manifestaciones, decidió no declarar por lo que el tribunal determinó que las indagatorias tomadas en la etapa de instrucción sean incorporadas al expediente por lectura.

“¿Saben cómo me dicen ahora?”, preguntó Pascual Guerrieri, 2° jefe del Destacamento de Inteligencia 121 a los magistrados. “Pascual perpetua, porque ya tengo tantas…”. Aunque se negó a declarar pidió unos minutos para hacer su descargo: “Todos los que fueron mis superiores hoy están muertos. En todos los juicios me atribuyen las mayores responsabilidades. Ya no estoy con las mismas fuerzas y ganas. Me está entrando el viejazo, estoy mal. Ya pasé por todo esto. Esto me provoca problemas psíquicos y con mi familia. Recién pedí un médico porque me empezaron a salir manchas rojas en el cuerpo. En lo posible pido no concurrir a las audiencias”, expresó. Este pedido lo realizó cada uno de los imputados al pasar ante los jueces. Para la audiencia del viernes solo quedaron en la sala Amelong, a quien le tuvieron que llamar la atención un par de veces por su comportamiento,  e Isach, quien iba a declarar ese día.

Hasta febrero de 2012, Rodolfo Daniel Isach estuvo prófugo de la justicia. Ese mes fue capturado en Ostende tras los datos ofrecido por Eduardo Constanzo. Fue este último y Gustavo Bueno, ambos PCI, quienes señalaron a Isach como el asesino de 14 militantes que estuvieron secuestrados en la Intermedia, después de haber pasado por otros centros clandestinos del circuito. El represor también fue jefe de la Unidad Regional XVII y pasó a disponibilidad en el año 2000.

Para Isach es el primer juicio y la primera vez que se sienta ante un tribunal oral. De todas formas llegó a este momento con una declaración bien pensada y hasta con apuntes de lo que tenía que decir. Negó todas las acusaciones que pesan sobre él y se negó a responder preguntas. “Yo no maté a nadie. Ahora yo soy el malo y me acreditan todo esto. Es una barbaridad. Todo esto que pasó tiene nombre y apellido: Eduardo Constanzo”, afirmó desestimando todas las acusaciones que el represor, también imputado en este juicio, realizó contra él y el resto de los acusados. Y también acuso de “fabulador” al ex policía Gustavo Bueno, quien también lo acuso de asesinatos dentro de La Intermedia. No le llevó tiempo tomar el papel de víctima y enseguida comenzó a relatar que él y su esposa fueron secuestrados en los ’70: “La misma fuerza de la que se me acusa formar parte me torturó, como no voy a estar conmocionado psicológicamente. En el ’76 una brigada de la Policía de Rosario al mando de Feced allanó mi casa. Nos adjudicaron a mí y a mi mujer actividades terroristas. Mi mujer militaba en Montoneros. Estuve detenido cuatro meses”.

“Este es el momento para demostrar mi inocencia, yo no pertenecí a ningún destacamento de inteligencia y tampoco tengo nada que ver con todo lo que se dice de mí”, concluyó.

Anteriormente, durante la audiencia del jueves, el que declaró fue el represor Daniel Amelong. Y una vez más aseguró ser inocente y estar siendo víctima de un proceso ilegal. “En primer lugar quiero decir que es la cuarta vez que estoy ante determinadas personas y que me interrogan sobre lo que pasó en los ’70. Ustedes no son mis jueces normales, pero de todas formas me presto a esto”, lanzó y se quejó de que el libro que escribió junto a Alberto González, “Juicios de Venganza” y que entregó en 2004 en un CD a la justicia, no haya sido incorporado como prueba. Por lo que al finalizar su declaración les hizo entrega al tribunal de un ejemplar del mismo.

“Acá estamos ante un conflicto de minorías, por un lado las querellas y por el otro los imputados de siempre. Si sacamos a estas personas al resto del país no les importa lo que acá pase. La gente se olvidó de los juicios”, dijo. “Este trámite no tiene objeto, es insustancial. No les interesa llegar a la verdad, solamente quieren terminar un trámite. Qué sentido tiene una perpetua más. No sé de qué me acusan a mí. Nadie me probó que yo haya matado ni detenido. El mundo es redondo y esto va a terminar rápido. Si participé estoy tranquilo de haber hecho lo que  tenía que hacer pero soy inocente de lo que se me acusa”, aseguró.

El juicio

Los diez represores que serán juzgados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en dichos centros clandestinos de detención contra 47 víctimas del terrorismo de Estado, 24 de ellas desaparecidas son: los ex militares Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña, Marino Héctor González, Alberto Enrique Pelliza y los personales civiles de inteligencia (PCI) Walter Salvador Dionisio Pagano, Eduardo Rodolfo Costanzo, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach (quien además fue comisario de la policía provincial).

Entre otros delitos, en el proceso se investigarán los asesinatos y se buscará conocer la verdad del destino de los desaparecidos Jorge Horacio Novillo, Eduardo José Toniolli, Stella Hillbrand De Del Rosso, Carlos Rodolfo Juan Laluf, Marta María Benassi, Miguel Ángel Tosetti, Oscar Daniel Capella, Ana María Gurmendi, Fernando Dante Dussex, Héctor Pedro Retamar, María Adela Reyna Lloveras, Teresa Soria De Sklate, Raquel Ángela Carolina Negro, Marta María Forestello, Liliana Nahs De Bruzzone, Alberto Barber Caixal, Fernando Rubén Messiez, Aníbal Morcabel, Héctor Larrosa, Ernesto Víctor Traverso, Guillermo White, Fernando Feliz Agüero, Rubén Daniel Flores, Edgar Tulio Valenzuela –cuya desaparición ocurrió tiempo después de los hechos juzgados– y Jorge Luis Ruffa –cuyos restos fueron identificados.

También se imputa a los acusados los secuestros, privaciones ilegales de la libertad y tormentos de los ex detenidos y sobrevivientes Jaime Feliciano Dri, Carlos Alberto Novillo, Alejandro Luis Novillo, Graciela Inés Zitta, Susana Elena Zitta, Emma Stella Buna, Rafael Bielsa, Carmen Cantalejo, Patricia Beatriz Coria, Francisca Daniela Domínguez, Mercedes Domínguez, Eduardo Francisco Ferreyra, Daniel Ángel Luis Fuhr, Diego Aníbal Walter Fuhr, Juan Carlos Gesualdo, María Amelia González, Luis Megias, Viviana Nardoni, Adriana Del Huerto Quaranta, Laura Esther Repetti, María Luisa Rubinelli y Elena Sarnari.

La acusación está a cargo de la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, a cargo de Adolfo Villatte.

Los querellantes Alicia Gutiérrez, Eduardo Leandro Toniolli, Fernando Dussex, Sebastián Álvarez, Sabrina Gullino Valenzuela Negro, Pablo Del Rosso, Ignacio Laluf, María Rosa White, serán representados legalmente por Nadia Schujman, Matías Gómez, Sofia Barros Fosin y Franco Porporato –integrantes del equipo jurídico de la organización Hijos–. Santiago Bereciartúa y Natalia Moyano serán los abogados por la querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

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