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El Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe condenó a 15 años de prisión y cárcel común al ex juez de menores de la dictadura Vera Candioti por el caso de Carolina Guallane (Paula Cortasa), hija de desaparecidos. También dictó prisión perpetua a un ex comisario y penas de 13 y 22 años de prisión a dos ex militares. Es la primera vez que en la provincia se desarrolla un juicio por apropiación de menores y la primera vez en el país que se condena a un juez de menores por este delito.

Por Carina Toso para www.enredando.org.ar

Foto: Página 12

Carolina estaba mirando la televisión. No recuerda si tenía tres o cuatro años. La pantalla mostraba una mujer embarazada, con una enorme panza. Salió corriendo hasta donde estaba su mamá y le preguntó si había tenido una panza así de grande cuando estuvo embarazada de ella. La mujer la miró y no pudo más que responderle con la verdad.

“Me dijo que no, que yo no había estado en su panza pero que ella era mi mamá. Me conforme con esa respuesta, hice un movimiento simple de hombros y dije bueno… Volví a hacer lo que estaba haciendo, a mirar televisión y no pregunté más”.

Pasaron los años y la primera versión que le llegó sobre sus verdaderos padres era que habían muerto en un accidente. Siguió pasando el tiempo y empezaron las pesadillas: “Mis sueños eran recurrentes siempre con ruidos de explosiones, personas con uniformes. Sentía mucho miedo”.

Su vida fue dura, llena de preguntas, escasa de respuestas. Con fragmentos de su pasado “en negro”, como ella dijo en una oportunidad. Este jueves 28 de abril, la justicia logró reparar parte de su dolor, una reparación más que necesaria en la historia de Carolina.

Cada una de las sentencias de los juicios por delitos de lesa humanidad a lo largo y ancho del país tiene un gran valor en la lucha por sanar la herida que dejó la última dictadura cívico-militar. Cada una de ellas repara algo del daño causado, de décadas de incertidumbre. El camino que queda es todavía largo, pero este 28 de abril en la ciudad de Santa Fe se dio un gran paso, y la justicia logró poner un granito más de arena a favor de los derechos humanos.

Este no fue un día más. Se condenó por primera vez en el país a un ex juez de menores que actuó durante la dictadura por tres delitos: retención y ocultamiento de una menor, alteración y supresión de su estado civil y por prevaricato. Así, se le otorgaron 15 años de prisión a Luis María Vera Candioti.

Otro punto relevante, es que fue el primer juicio en la provincia en el que se juzgó la apropiación y supresión de identidad de una menor durante la dictadura. Se trata del caso de María Carolina Guallane. En 1998 supo que su verdadero nombre era Paula Cortaza.

Cuando tenía 13 meses de edad, estaba junto a sus padres, Blanca Zapata y Enrique Cortasa, y a otras personas, en su casa de Castelli 4531 de la ciudad de Santa Fe. Ese día el Ejército y la Policía irrumpieron en la vivienda. Según pruebas presentadas durante el juicio a “Paula la sacaron de la casa envuelta en una sábana manchada con sangre”. Enrique fue trasladado a un centro clandestino de detención y continúa desaparecido. Blanca, con un embarazo a término, fue trasladada al hospital Cullen, con heridas muy graves, donde murió tras días de agonizar. Este hecho ocurrió el 11 febrero de 1977. Un dato no menor es que desde esa fecha hasta el 13 de abril de ese mismo año, no se pudo comprobar el paradero de la niña. Tiempo después fue adoptada por la familia Guallane.

La búsqueda de Carolina

Eran los ’90. Carolina de pronto se convirtió en la primera hija de desaparecidos que buscaba a su familia biológica y no a la inversa. Una clase de historia en la escuela secundaria sobre los hechos ocurridos en la dictadura hizo que su vida cambie para siempre. Cuando la profesora comenzó a hablar de los desaparecidos, de los hijos de desaparecidos y dijo “hoy son chicos de la edad de ustedes”, la mente de Carolina se aisló de la clase. “Empecé a sacar cuentas y dije: es esto, es esto lo que yo siempre… Llego a casa y la sorprendo a mi mamá que estaba cocinando, sin decir hola le pregunté: ‘¿Mamá yo soy hija de desaparecidos?’ Y cuando se da vuelta me dice ‘eso es lo que nos dijeron, pero no sabemos si es verdad’. Rompí en llanto, una angustia que me duró años, si bien fue tranquilizadora esa respuesta, porque finalmente sentía que no estaba loca con lo que sentía, con lo que soñaba, con lo que pensaba, fue impactante”, dijo Carolina en su testimonio en este juicio. De muy chica sabía que era adoptada. Las dudas crecieron en su interior y abrieron un camino de búsqueda de su identidad y su verdadera historia.

Tras judicializar el caso y contar con el apoyo de organismos de derechos humanos, en junio de 1998 Carolina hizo pública su historia en un programa televisivo. Luego, pudo reconocerse en fotos que le habían tomado antes de que la sustrajeran y ocultaran, y la historia continuó con la extracción de sangre y la coincidencia de los ADN.

“Hoy puedo decir que esto significa la oportunidad de dar una vuelta de página en mi vida. Todo lo que pasó me hizo mucho daño, pero es el cierre de una etapa y me hace sentir más relajada”, aseguró Carolina tras conocer la sentencia en este juicio. “Estoy muy sorprendida porque no esperaba que decidieran por la pena máxima. Tengo una gran mezcla de sentimientos, pero es sanador, tranquiliza que los jueces hayan podido comprender lo que pasó”, agregó.

Una sentencia ejemplar

La audiencia se desarrolló en los Tribunales Federales de Santa Fe el 28 de abril. Pasadas las 10 de la mañana el Tribunal Oral compuesto por el juez Ricardo Vázquez y los conjueces Omar Digerónimo, Beatriz Caballero de Barabani y Otmar Paulucci, dio lugar a que los imputados puedan decir sus últimas palabras. El único que habló fue el ex coronel Carlos Enrique Pavón quien se desligó de las acusaciones que pesan sobre él y aseguró que no había participado de los hechos que se le imputaron.

Tras un cuarto intermedio, pasado el mediodía el tribunal se dispuso a leer la sentencia. El ex juez de menores Luis María Vera Candioti fue condenado a 15 años de prisión, la pena máxima fijada para los siguientes delitos: retención y ocultamiento de menor, alteración y supresión del estado civil de un menor y prevaricato por el caso de María Carolina Guallane/Paula Cortaza. También se fijó una multa de 75 mil pesos e inhabilitación absoluta y perpetua.

El ex comisario Juan Calixto Perizzotti recibió una condena de prisión perpetua, a cumplir en su domicilio, por los homicidios de Blanca Zapata, Cristina Irma Ruiz de Zicardi, Enrique Cortaza, Norma Eshter Meurzet, Silvia Aidé Moler Silvia Haydée Wollert y José Luis Gómez. Por privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia y amenazas, y tormentos por los casos de Adriana Morandini, Pedro Guillermo Ángel Guastavino, Liliana María Ríos, Rosa Mercedes Valinoti y María Cecilia Mazzetti. Por último se lo condenó por la sustracción, retención y ocultamiento de un menor, alteración y supresión de su estado civil por María Carolina Guallane.

El tribunal aclaró que esta pena será unificada con otras dos anteriores, también por delitos de lesa humanidad: una dictada el 22 de diciembre de 2009 de 22 años de prisión y otra de junio de 2014 de 23 años de prisión.

Para el ex teniente coronel Domingo Morales la pena fue de 22 años de prisión domiciliaria por los homicidios de Norma Eshter Meurzet, Silvia Aidé Moler y José Luis Gómez; y por asociación ilícita.

Finalmente, al ex coronel Carlos Enrique Pavón deberá cumplir 13 años de prisión por retención y ocultamiento, alteración y supresión del estado civil de una menor y falsificación ideológica de documentos públicos. Esta condena la deberá cursar en una cárcel común.

En esta sentencia hubo dos disidencias parciales: la del juez Omar Digerónimo, quien en su dictamen calificó a los delitos de lesa humanidad como genocidio, y la de la jueza Beatriz Caballero de Barabani quien consideró que la pena para Pavón debía ser de 10 años y no de 13.

La lectura de los argumentos de esta sentencia serán dadas a conocer por el Tribunal el próximo 21 de junio a las 12 horas.

“Estamos muy satisfechos con estas condenas, ya que el tribunal se hizo eco a los pedidos que hicimos de penas. Es un gran logro porque por primera vez se condena a un juez de menores por un caso de apropiación”, afirmó Santiago Bererciartúa, abogado querellante por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

El juez amigo de los militares

Durante la dictadura, Vera Candioti fue el único juez de Menores que tuvo la ciudad de Santa Fe. Gracias a un decreto de facto dictado por el vicealmirante interventor provincial Jorge Aníbal Desimoni logró su cargo y se desempeñó en él, entre el 21 de octubre de 1976 y el 25 de abril de 1980. Entre 1958 y 1970 había sido policía, cargo que dejó para ser fiscal provincial, hasta su asunción como juez en 1976.

“Claramente, necesitaban de una persona de confianza para tan importante función, dentro del plan sistemático que cómo tantas veces se dijo en esta sala en este y en todos los juicios vinculados con el terrorismo de Estado, incluía la supresión de la identidad de los hijos de los denominados ‘delincuentes subversivos’ por las fuerzas policiales y militares”, había afirmado el fiscal Suárez Faisal durante el proceso según reprodujo ww.fiscales.gob.ar.

La acusación del fiscal al juez fue la de no haber realizado la investigación sobre la identidad de la beba “NN” después de que el Ejército se la entregara el 11 de febrero de 1976, tras un operativo en el que fue herida de muerte la madre y desaparecido el padre. Por el contrario, Vera Candioti directamente ordenó “estudiar la posibilidad de una guarda familiar”.

En su alegato, Suárez Faisal afirmó que Vera Candioti procuró “alejar a la niña de cualquier posibilidad de que pueda ser identificada con su familia biológica” y que, por ese motivo, en el fraudulento proceso de adopción salteó a las primeras veinte familias adoptantes para entregarla a un matrimonio de la ciudad de Venado Tuerto, situada a más de 350 kilómetros de Santa Fe.

El juicio

El juicio comenzó el 10 de abril de 2015 en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe. Las víctimas son 53. En su mayoría fueron asesinadas y desaparecidas. Los testigos sumaron 185.

Las querellas fueron representadas por Alejandra Romero Niklison, por los hermanos Hernán y Gabriel Ziccardi; Zulema Rivera en representación de María Carolina Guallane; Natalia Moyano y Santiago Bererciartúa, por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y Lucila Pujol y Guillermo Munné por HIJOS.

El Tribunal estuvo integrado por el juez Ricardo Vázquez y los conjueces Omar Digerónimo, Beatriz Caballero de Barabani y Otmar Paulucci. La acusación estubo a cargo del fiscal Martín Suárez Faisal.

En este proceso fueron juzgados el ex juez de Menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti; los ex tenientes coroneles Domingo Morales y Jorge Roberto Diab; el ex coronel Carlos Enrique Pavón; y el ex comisario Juan Calixto Perizzotti.

En este juicio uno de los principales acusados era el ex teniente Jorge Roberto Diab, quien falleció en mayo del año pasado, a un mes de iniciado este proceso. Fue señalado como uno de los principales responsables en la Megacausa. Al momento de su muerte cumplía con un arresto domiciliario de 16 años tras una condena dictada en 2014.

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