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(Foto: 30D)

Tras el cierre de locales que ofrecían servicios sexuales, comenzaron a proliferar los privados en la ciudad. Las leyes no lograron eliminar el proxenetismo y quienes los ejercen se quedan con el grueso de la ganancia de las trabajadoras sexuales.

Por Carina Toso para revista 30D – Edición Impresa

A partir de mediados de 2013 la Municipalidad de Rosario prohibió a través de la modificación de una ordenanza la habilitación de cabarets, whiskerías y casas de alterne. Y al mismo tiempo determinó que aquellos locales que funcionaban bajo este concepto y tenían una habilitación vigente, deberían cerrar como tales una vez que caduque dicho permiso. Esto hizo que se eleve notablemente la cantidad de privados, es decir casas y departamentos y que aumenten las mujeres que deciden ofrecer servicios sexuales en las calles. Lo que parecía una solución para reducir la explotación sexual por parte de proxenetas y la trata de personas no fue tal.

Mientras las trabajadoras sexuales sostienen que son víctimas de una cacería de brujas en la ciudad y que la decisión de ganarse la vida de esta forma es de ellas, desde la Dirección Provincial de Trata aseguran que es necesario “no legalizar la prostitución porque a nadie le gusta vender su cuerpo, es mentira que es dinero fácil”. Este antagonismo entre ambas partes hace que cada una intente seguir su camino y sus convicciones pero al mismo tiempo hay una realidad más compleja: quién es el que se queda con el grueso de las ganancias. En medio de esto está el proxeneta, que a pesar de ya no trabajar en el marco de un cabaret o whiskería, es una figura que se reforzó en el actual contexto.

Georgina Orellano es la titular de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), que tiene su sede en Rosario como en otras ciudades del país. Hoy esta sede local se está rearmando ante los cambios que se fueron dando en los últimos tiempos, teniendo en cuenta que durante este año se incrementaron los allanamientos a privados en Rosario. “En la ciudad las compañeras se fueron organizando para trabajar en departamentos, algunas como cooperativa, pero la política antitrata que está llevando adelante el gobierno de la provincia  anula a la trabajadora libre, quienes terminan detenidas tras un operativo como ocurrió con el allanamiento de la casa cerca de la terminal de ómnibus (San Lorenzo al 3700)”, expresó Orellano. También aseguró que muchas optaron por trabajar en las calles y que esto las deja en una situación de “inseguridad y desprotección alarmante”.

Una generalidad en los últimos tiempos es que las trabajadoras sexuales deciden salir a alquilar casas de pasillo o departamentos para ejercer la prostitución. Según ellas afirman, las inmobiliarias deciden no alquilarles el inmueble cuando ven cuál es la verdadera finalidad que se le dará, por lo que el recurso que les queda es alquilar directamente a propietarios. “Los dueños de vivienda aceptan pero nos suben el precio del alquiler a cifras desorbitantes, hay chicas que están pagando hasta 20.000 pesos mensuales por una casa”, agregó la titular de AMMAR.

Al mismo tiempo, en muchos casos media un proxeneta. Y esto es porque la mayoría de las mujeres consideran que en esta situación están más seguras que como trabajadoras autónomas ante la persecución o pago de coimas a la Policía. Ante este panorama, se encuentran con situaciones como tener que entregarles diariamente a sus regentes parte de las ganancias de la jornada, cumplir con un sistema de castigos (se les descuenta dinero por llegar tarde o por enfermarse), están vigiladas por cámaras y se les quitan sus teléfonos celulares en el horario de trabajo para que no se distraigan, entre otras situaciones. “Lamentablemente eligen el proxenetismo por protección, creen que el proxeneta les da más protección que el Estado a pesar de que se queda con gran parte de la ganancia”, afirmó Orellano.

Desde la modificación de la ordenanza hasta ahora se clausuraron en la ciudad 12 locales. “Esto generó que las chicas se trasladaran a otros espacios y se camuflen de otra manera. Se transformaron en salones de belleza, departamentos privados, salas de masaje. Hoy es menos visible y lleva tiempo investigarlos. Pero se llevaron adelante muchos allanamientos en privados”, aseguró la titular de Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas de la provincia, Mónica Viviani.

En lo que va de 2015 se realizaron en Rosario unos 83 procedimientos y 38 clausuras de casas y departamentos que funcionaban como privados. En este tiempo fueron asistidas 212 mujeres en situación de explotación, y se detuvieron 43 hombres y 31 mujeres por los delitos de explotación y facilitamiento de la prostitución.

“Si bien el delito de trata de personas es de competencia federal, nosotros trabajamos mucho con los delitos conexos a ése que son la explotación económica y el facilitamiento de la prostitución que se juzga en la Justicia provincial”, agregó. Uno de estos casos está en manos del juez de Instrucción Juan Andrés Donnola. Se trata de un operativo que se realizó en julio de este año en el que fueron clausurados tres privados ubicados en Gálvez al 1500, Urquiza al 2400 y Saavedra al 1300. Por esta causa hay cuatro imputados, dos mujeres y dos hombres por los delitos nombrados anteriormente. “Uno de los imputados era propietario de las tres casas y sabía para qué las estaba alquilando. A esto se suma el precio elevado del alquiler y el sistema de cobranza que se hacía diariamente”, afirmó el juez.

Para Viviani, los operativos que cambiaron el panorama en la ciudad fueron la intervención en el bar La Rosa y el que se realizó con la web www.supergatitas.com. “Todo eso marcó un antes y un después en el tratamiento de este delito”, dijo.

En el operativo de La Rosa se trabajó todo un equipo de técnicos en informática y en electricidad. Se comprobó el funcionamiento del lugar a través de las computadoras y de cámaras. El local estaba conectado con otros espacios por puertas y pasajes al espacio de al lado donde funcionaba como prostíbulo y que estaba monitoreado todo a través de cámaras”, explicó Marcela Muñoz, titular de la delegación de la Dirección de Trata provincial en Rosario.

“A ese lugar donde todo el mundo, de todos los estamentos sociales, sabía cómo funcionaba, nadie se tomó el atrevimiento de investigarlo. Quien toma ese caso fue la doctora Alejandra Rodenas, que nos dio todo su apoyo para hacer la investigación que llevó varios meses. Finalmente logramos que dejara de funcionar y es un caso que próximamente será elevado a juicio”, agregó.

A pesar de que la Dirección de Trata intenta erradicar el ejercicio de la prostitución, y AMMAR aspira a que se regularice, hay un punto en el que coinciden: hoy el proxeneta es quien se queda con las ganancias y es una figura que debe ser penada. “Antes al dueño del lugar no le pasaba nada, hoy con el cambio de la Ley de Tratas ya no es así, lo mismo pasa con el prostituyente. No llegan a ir a la cárcel pero se lo traslada a la Fiscalía, se le toma declaración y después tienen que ir a declarar en el juicio oral donde se expone totalmente”, concluyó Viviani.

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